Tres agrimensores llegaron el 12 de setiembre con instrumentos para medir las calle Quicuyo y Gabriel Velazco, a metros de las vías férreas. Yanina Borloz y su hermana quisieron saber qué sucedía cerca de su casa, y los ingenieros respondieron: «Estamos midiendo para la obra del ferrocarril de UPM».
Así se enteraron de la existencia de este proyecto que abarcará 273 kilómetros e irá desde el puerto de Montevideo a Paso de los Toros. Está previsto que comience a construirse en febrero, a pesar de que carece de la habilitación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Y la obra demandaría tres años.
Yanina pidió un número de teléfono, le pasaron un contacto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y allí la recibió una psicóloga que le dio una respuesta incierta.
«Desconocía las características del proyecto. No nos interesa que nos digan supuestos o posibilidades, necesitamos certezas, garantías y cronogramas para poder planificar nuestras vidas», dijo a El País Yanina Borloz, vocera del grupo «Por el costado de la vía».
Este colectivo agrupa a 750 miembros en Facebook, pero hay muchas más personas involucradas y preocupadas por las consecuencias sociales y ambientales que tendrá la nueva línea férrea de la segunda planta de celulosa de UPM.
La Dinama clasificó el Nuevo Ferrocarril Central como categoría C, la cual corresponde a «los proyectos cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de mitigación».
Estos trenes tendrían siete cuadras de largo, se trasladarían a 80 kilómetros por hora y transportarían 22,5 toneladas por eje las 24 horas los 365 días del año.
Vecinos de Sayago, Colón, Peñarol, Capurro, Paso Molino, Sarandí Grande y La Paz están preocupados porque «la vibración y el ruido serán constantes: habrá movimientos de tierra, cortes en las calles, migración de roedores, se desmantelará la infraestructura existente, y se verán afectados los servicios públicos (agua y luz)», según datos del MTOP y la Dinama a los que accedió «Por el costado de la vía».
El primer reclamo del colectivo es que el acceso a la información «sea real y democrático»; no solo vía digital, ya que, dicen, no todos tienen acceso a internet. Pretenden que se difundan todos los impactos que tendrá la obra para la población a través de datos certeros. «La gente no está informada. Han hecho expropiaciones de tierra diciéndoles que es para arreglar la vía, y no es así», dicen.
No hubo desalojos, pero sí intimaciones. El colectivo trabaja para evitar que sucedan. Y denuncia que pasaron personas en autos «identificados con chapa del Ministerio» y sin que mediara ningún procedimiento administrativo, dijeron a vecinos que habitan predios ocupados desde hace años: «vayan buscándose otro lugar».
«No se puede decir eso y dejar a la persona con el corazón en la boca y con completa incertidumbre sobre qué va a suceder», relata Yanina.
Ella tampoco recibió una notificación formal. Solicitó información, hizo llamadas telefónicas, envió correos electrónicos y no obtuvo respuesta.
El colectivo quiere frenar el proyecto para que no se realice tal y como está planteado. Buscan que se desarrolle una obra que pondere las necesidades de los vecinos, la calidad de vida y el respeto al medio ambiente.
Pretenden que se ponga por delante a la ciudadanía, y no «los intereses empresariales y partidarios. En caso de que se quiera continuar con la obra, que asuman todas responsabilidades y no se obligue a la gente a quedar a siete metros de ruidos, vibraciones y emisión de gases tóxicos de por vida».
Apolíticos.
Este colectivo actúa con autonomía y sin banderas partidarias. Quiere evitar que se le dé «un mal uso» a la preocupación que los agrupa en pleno período preelectoral.
Asisten entre 25 y 50 personas a las reuniones que se realizan en casas o en el Club Fénix. También existen «núcleos salpicados» difíciles de centralizar, porque abarcan a la población que habita los 273 kilómetros en cuestión.
Hay 14 familias que se consideran en situación de extrema vulnerabilidad debido cómo tomaron conocimiento de esta situación: sin que hayan mediado comunicaciones escritas. Por eso decidieron abrir un expediente en la Institución Nacional de Derechos Humanos, para recopilar distintos casos.
Luego llegaron a la Defensoría del Vecino, donde un psicólogo, un abogado y un sociólogo evaluaron la problemática y le dieron legitimidad a su preocupación. Si bien el «Nuevo Ferrocarril Central» carece de un pronunciamiento sobre su impacto ambiental, está previsto que las obras se inicien en febrero de 2019. «Se está dando por hecho que existirá la autorización y eso no genera garantías», opina la vocera.
Los vecinos se reunieron con autoridades del MTOP y la Dinama, y preguntaron cómo era posible que se hubieran expropiado tierras sin la autorización ambiental. También se encontraron frente a frente con el ministro Víctor Rossi.
Descontentos con el ministro de Transporte
«No es posible dimensionar el impacto que el Nuevo Ferrocarril Central tendrá en la población porque no hay ningún estudio ambiental hecho por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o la Dinama donde se contabilice la cantidad de personas a las que afectaría este proyecto», dicen los vecinos.
Lo cierto es que hubo un vecino que se encargó de contratar a un ingeniero de forma particular para que realizara una investigación en la zona. Este profesional alegó que existen muchísimos riesgos estructurales. En una reunión entre los vecinos y el ministro Víctor Rossi se planteó la situación. El responsable de la cartera no dio respuestas satisfactorias, dijo Yanina Borloz, vocera del grupo «Por el costado de la vía».
