En el Juzgado Letrado en lo Civil de 1er. Turno se inició en las últimas horas una acción de amparo por la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley 18.381) contra la negativa de la Presidencia de la República y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) a entregar el informe por el cual se decidió que el ferrocarril en construcción para las cargas de UPM atraviese zonas densamente pobladas de Montevideo.
El 26 de abril del año en curso, el ciudadano Raúl Viñas, meteorólogo e integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), solicitó al MTOP: «Copia de los estudios y análisis realizados por ese Ministerio o que obren en poder de este, por los que se descartó el trazado de la vía para el tren de UPM al Oeste de Montevideo como habían propuesto los Intendentes de Montevideo y Canelones», reza un comunicado de Movus.
Lo solicitado son los estudios realizados por el estado para una obra propia y no por alguna empresa privada sobre una obra realizada o a realizar por UPM.
La solicitud de Viñas proviene de una reunión pública realizada en el Club Fénix con una nutrida concurrencia de vecinos de Capurro y Sayago donde se le preguntó al ministro de Transporte, Víctor Rossi, los fundamentos para descartar el trazado del Ferrocarril Central por fuera de esas zonas.
Rossi declaró entonces que había un estudio técnico por el cual se habían descartado trazados alternativos. La decisión del MTOP de construir el Ferrocarril Central sobre el trazado vigente no solo ha generado preocupación y rechazo entre los vecinos que se verán afectados por un tren completamente diferente, destinado a transportar celulosa y productos químicos peligrosos para la planta de UPM en Durazno, sino también por los técnicos responsables de la planificación del futuro de la ciudad de Montevideo, detalla Movus.
El Proyecto Ferroviario sobre el cual se solicita información tiene implicancias notorias sobre el ordenamiento territorial y el medio ambiente, temas que poseen una tutela especial en cuanto a brindar la información. «En estos asuntos, los ciudadanos tenemos derecho, como parte del derecho fundamental de expresión, a recibir información y a participar de las decisiones políticas que nos afectan directamente», concluye el comunicado.