El Ministerio de Transporte se prepara para aplicar una vieja normativa que considera “esencial para el país” al transporte ferroviario.
La irritación del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, era palpable este miércoles cuando le tocó concurrir al Parlamento.
Pocas horas antes, había concurrido a los viejos talleres de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) en Peñarol. Allí, un grupo de artistas locales, con apoyo del Municipio de la zona, habían pintado un mural. Su destino era procurar “embellecer” el histórico edificio.
Lo cierto es que al llegar Rossi se encontró con que la obra había sido “arruinada” y “ensuciada” por un grupo de funcionarios, un hecho que el ministro adjudicó de forma inmediata a la Unión Ferroviaria.
El sindicato de AFE resiste desde hace tiempo lo que considera es una “privatización” del ente a manos de Servicios Logísticos Ferroviarios (SELF), la empresa pública de derecho privado que, desde 2015, tiene a cargo la operativa del transporte ferroviario de carga.
“Algunos dijeron que lo habían pintado esbirros”, dijo el ministro, haciéndose eco de las versiones que surgieron desde los trabajadores.
Para Rossi, es lo de menos. “Rompieron el mural y lo enchastraron” lamentó.
“Lo más importante es que tuvieron parado todo el día en la Estación Carnelli un tren con 24 tanques cargados de combustible y dos de pasajeros”, aseguró.
Esta fue una medida de resistencia que, sostuvo, consiguió su objetivo: “Perjudicar al país, a Ancap y el transporte de combustible. Y no es la primera vez que pasó esto”, remarcó.
El enfrentamiento de Rossi con el sindicato de AFE tiene varios antecedentes.
El más reciente fue en mayo de este año, en un confuso episodio en donde un trabajador fue acusado de robar, en medio de versiones contradictorias entre la empresa y el sindicato.
El hecho derivó en un conflicto de 40 días, con paros y ocupaciones en varias dependencias de la institución, en el marco de la reestructura en SELF.
Rossi realizó al respecto varias precisiones este miércoles ante la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. . “Nunca se acusó a nadie de robar nada, no hay ninguna denuncia de ese tipo”, aseguró. “Sí era todo un despiporre y cada cual hacía lo que tenía ganas: ir, venir, marcar, salir entrar porque, al final, alguien paga”, expresó.
Según, dijo, eso es lo que en buena medida pasa actualmente en AFE. “Alguien paga. Paga el Estado, y lo hace todo los meses. Entonces, alguien tiene que hacerse responsable”, afirmó.
En mayo del año pasado, la Unión Ferroviaria ocupó la sede central de la empresa y trancó la salida de un tren con un delegación de UPM de visita en el país en el marco de las negociaciones con el gobierno. Esta fue una medida que irritó profundamente a Rossi, que afirmó sentir “un poco de pena” por la actitud de un sindicato que elige seguir discutiendo cosas del pasado”.
Terminada la catarsis por el enchastre del mural, Rossi anunció ante la comisión una serie de medidas para reestructurar las normas de funcionamiento en AFE.
La Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, el organismo que tiene a su cargo la regulación y el control de la actividad, está avanzando en una propuesta que parte de la propia ley Orgánica de AFE.
Citando a los artículos 1 y 2 de la normativa, Rossi sostuvo que el transporte por ferrocarril es considerado claramente una actividad esencial para el país. Un aspecto que fue definido hace décadas, pero que ahora el gobierno quiere empezar a hacer valer.
“Lo cierto es que existe y es la condición que necesitamos para definir un centro de operaciones que dé a todos los operadores que circulan por la vía tengan garantías respecto que, si sucede un accidente, va a ser evaluado y se van a establecer las responsabilidades de modo adecuado”, precisó.
La actualización de la normativa, dijo, irá acompañada de nuevos elementos de señalamiento, controles y los inspectores necesarios para asegurar un funcionamiento ordenado del ferrocarril.
Ante los legisladores, Rossi recordó que, según una ley votada por todo el sistema político, AFE dejó hace tiempo de ser la única autorizada a circular por las vías nacionales. Otros operadores están, eventualmente, habilitados.
Por ende, el ministro sostuvo que es necesario establecer un ordenamiento de normas que garanticen el funcionamiento en condiciones convenientes para el país y para todos los interesados.
En ese marco hizo hincapié en garantizar un manejo adecuado de las señales ferroviarias y su administración. “Buena parte de los enojos que se expresan de distinta manera son consecuencia de que hay resistencia a habilitar esa circulación”, expresó el ministro, apuntando una vez más contra el sindicato.
No me ilusiona
El telón de fondo del conflicto es el “esfuerzo» que, según Rossi, SELF está haciendo para “tener una chance” de participar en la nueva etapa que se viene: el transporte de la producción que, eventualmente, salga de la nueva planta de pasta de celulosa de UPM en la zona del río Negro.
Esta es una inversión que la multinacional está lejos de confirmar pero sobre la cual hay algo seguro: la propia empresa será la responsable de gestionar esos trenes, para lo cual viene efectuando una serie de llamados y concursos.
El ministro destacó que SELF sigue en competencia para participar en esa operación, aunque dijo desconocer si será posible. “Si es así sería bárbaro, pero no me ilusiono”, sostuvo.
De cualquier manera, dijo tener la expectativa de que el posible nuevo emprendimiento genera un volumen de carga muy importante.
El gobierno quiere definir cuanto antes el proceso para la recuperación del tramo Paso de los Toros – Montevideo del Ferrocarril Central, por el que UPM piensa sacar su producción y que la empresa puso como condición indispensable para definir la inversión.
Las obras, según el acuerdo, correrán por cuenta del Estado a un costo calculado en US$ 1.200 millones.
El proceso licitatorio está demorado ya que tanto la española Acciona como el consorcio liderado por la uruguaya Saceem, dos de las empresas que pujan por la adjudicación, objetarán el resultado de la fase económica de la apertura de pliegos.
Según Rossi, se está en los tiempos finales del análisis de cada uno de los alegatos, lo que llevará a una decisión que permita ingresar a la etapa de la apertura concreta de las ofertas. Esta es una fase que definirá si las dos empresas quedan habilitadas a participar de la apertura del sobre final, que contiene los proyectos concretos.
Integrantes de CEFU se llevaron la desagradable sorpresa de ver el vagón abierto al llegar a las instalaciones, no es la primera vez que la Institución sufre un echo delictivo de esta índole.
