En diciembre de 2020 el vicepresidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), Gustavo Osta, decidió pedirle a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que se expida sobre un caso en el que creía que podía haber irregularidades. El pronunciamiento llegó el mes pasado y le atribuye responsabilidades al Directorio anterior de la ferroviaria estatal, a una funcionaria y al director de la Asesoría Jurídica.
En el centro de la situación denunciada está la escribana Gabriela García, que llegó a la empresa en 2013 como cargo de confianza en la secretaría del entonces presidente, Jorge Setelich, y que a fines de 2014 participó de un llamado público y se convirtió en funcionaria. De esa manera, pasó a formar parte de la Asesoría Jurídica y un par de años después se le aprobó una partida adicional a su salario de 25% por “permanecer a la orden”.
En el período 2015-2020, simultáneamente a su tarea de escribana en el ente, García comenzó a facturar mensualmente servicios profesionales a la sociedad anónima estatal Servicios Logísticos Ferroviarios (Self), de la que AFE posee el 51% de las acciones. Según figura en la denuncia presentada ante la Jutep, la facturación de 2019 fue de $ 583.154.
Los servicios de García a Self se interrumpieron en setiembre de 2020 a solicitud de Osta y de Ángel Fachinetti, vicepresidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y de Self. La decisión tuvo también el voto favorable del presidente, Miguel Vaczy.
La denuncia sostiene que la escribana salía “en comisión” de AFE, en horario de trabajo, para ir a prestar los servicios particulares a Self. Los formularios que le autorizaban las salidas eran firmados por el director de Jurídica, Eduardo Pittamiglio.
En el período 2015-2020 el presidente de AFE fue Wilfredo Rodríguez y el vicepresidente, Luis Rivero. Ambos integraban también el Directorio de Self.
Para la Jutep, los directores de AFE no cumplieron con los artículos 10 y 40 del Código de Ética de la Función Pública. La primera disposición aludida establece que los jerarcas de cada unidad de los organismos públicos son los responsables de controlar el cumplimiento del código. La segunda, que están obligados a denunciar las “irregularidades o prácticas corruptas” de las que estuvieran en conocimiento.
Según el pronunciamiento, en la conducta del director de Jurídica Pittamiglio se configuran los mismos incumplimientos que en el caso del Directorio.
En el caso de García, el organismo dice que podría haber violentado los artículos 8 y 9 del Código de Ética de la Función Pública, que disponen que los funcionarios deben cumplir la totalidad de la jornada laboral y dedicarla al desempeño de sus tareas y les prohíbe en ese tiempo realizar actividades ajenas a su función.
También incluye en la lista de posibles incumplimientos el artículo 13 referido a la probidad (“El funcionario público debe observar una conducta honesta, recta e íntegra y desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza”), el 14 sobre conductas contrarias a la probidad, el 16 sobre legalidad y obediencia, el 19 sobre implicancias (“El funcionario público debe distinguir y separar radicalmente los intereses personales del interés público”) y el 32 sobre la declaración jurada de implicancias.
Finalmente, la Jutep apunta que también se pudo haber violado el artículo 59 de la Constitución, que establece que “el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”.
Este mismo caso había sido objeto de un proceso de investigación administrativa dentro de AFE. Las conclusiones en ese procedimiento fueron muy distintas. La investigación concluyó que las salidas de García a Self eran una disposición de los directores de AFE y por lo tanto ni ella ni Pittamiglio habían incurrido en una falta, sino que estaban actuando con “obediencia debida” ante “un mandato superior”. El resultado fue aprobado por el directorio con el voto en contra de Osta.
Con las conclusiones de la Jutep, Osta planteó en el Directorio de AFE la semana pasada iniciar un sumario a García y a Pittamiglio y, en paralelo, presentar una denuncia penal que incluya a los directores de la administración anterior. La propuesta todavía no fue votada.
Fuente: Búsqueda
